1.- Introducción
La idea de escribir este pequeño artículo, es debido al gran número de casos fiscales generados a raíz de la incorporación del articulo 122-B al Código Penal[1], que hizo necesario la creación en algunos distritos fiscales, de las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar[2]. Este aumento considerable de la carga fiscal, tiene como consecuencia notoria, la demora en la atención de las denuncias, que por lo general son remitidas por los Juzgado de Familia, quienes al dictar medidas de protección o no a favor de la víctima, forman un pequeño expediente y lo remiten a las fiscalías de turno.
Al respecto, en la práctica fiscal, se ha podido advertir que la mayor carga de casos se presenta a las agresiones que se suscitan en un contexto de violencia familiar, siendo en menor medida las agresiones contra la mujer por su condición de tal, debido a que el contexto de “violencia familiar” es más amplio, y abarca a todas las conductas de agresión que se susciten entre los sujetos de protección que establece el artículo 7[3] del Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP – Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, sino también, por lo que es necesario un cambio legislativo que delimite esta protección, pues de lo contrario no se estaría cumpliendo con los fines que establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)[4].
2.- El delito de Agresión en contra de la mujeres o integrantes del grupo familiar y el contexto de “Violencia Familiar”.
Es menester desarrollar un concepto doctrinario acertado de la “violencia familiar” y su antijuricidad, sostiene Ganzenmuller[5], que manifiesta que esta es una fuerza ejercida en el ámbito familiar, un fenómeno enraizado en el seno de nuestra cultura, siendo un producto de la propia violencia social de nuestra cultura agresiva, desarrollándose dicha violencia como un supuesto medio “legítimo” y “lícito “para la solución de conflictos y problemas en el seno familiar.
En esa línea de pensamiento, se puede decir que para que una situación constituya un caso de violencia familiar, en primer término, esta deberá ser crónica, permanente y periódica, no estando incluidas necesariamente situaciones de maltrato infrecuentes y de poca relevancia para el derecho penal. Sin embargo, en segundo término, si se debe considerar un hecho de violencia familiar, a un evento aislado o esporádico que por su propia gravedad y su alta lesividad de la integridad tanto física y psíquica del agredido, exceptúa el requisito de que sea crónico y permanente para que se configure como tal.
El delito de Agresiones Contra Integrantes del Grupo Familiar, se encuentra previsto, tal como se indicó líneas arriba, en el artículo 122-B[6], del Código Penal, y exige para su configuración, que la violencia se realice en el marco de al menos uno de los contextos señalados en el artículo 108-B, del mismo cuerpo legal:
- Violencia familiar
- Coacción, hostigamiento o acoso sexual
- Abuso de poder confianza o de cualquier posición que le confiera autoridad al agente, o
- Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.
Así pues, el contexto de Violencia Familiar al que hace referencia el artículo 108-B del C.P, es el que más se utiliza al momento de tipificar una conducta de agresión, pues abarca a todos los sujetos de protección de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y no exclusivamente a la mujer, por ende, son denuncias que generan la mayor carga fiscal, por lo que se debe analizar adecuadamente que se entiende por “Violencia Familiar”.
3.- Violencia contra integrantes del grupo familiar y el “objeto” de protección de la norma.
Al respecto, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP – Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, nos indica como debemos entender este concepto: “La violencia contra cualquier integrante del grupo familiares cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”. (resaltado y subrayado nuestro)
Asimismo, el artículo 1ª de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, indica respecto al objeto de la norma lo siguiente: “La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad”(resaltado nuestro).
3.- Hechos que tipificarían el delito de Agresión en contra de integrantes del grupo familiar, conforme a la interpretación literal de la norma.
Al respecto, al considerar la norma que se protege a todos los integrantes del grupo familiar, podrían configurar como delito los siguientes hechos que se presentan en la realidad:
- El agraviado Jorge, refiere que en circunstancias que se encontraba caminando por la calle, observa que su ex conviviente de nombre Martha, se besaba con un sujeto, por lo que se acerca a reclamarle, intentando separarla de su acompañante de forma violenta, ante lo cual su ex conviviente lo golpea con una cachetada, y le araña el cuello. Luego de interponer su denuncia, Jorge acude a la División Médico Legal, quien luego de ser evaluado por médico legista, concluye mediante Certificado Médico Legal Nª 003-2020, que el denunciante requiere tres (3) días de incapacidad médico legal.
- El agraviado Carlos, refiere que en circunstancias que caminaba por inmediación de la tienda Plaza Vea, observa a su ex conviviente de nombre Rosa, a quien le reclama por la demanda de alimento que le interpuso, generándose una discusión verbal entre ambos, llegando a forcejar, siendo que en esa circunstancias el denunciante siente un golpe en la nuca, y al voltear observa a su suegra de nombre Rosario (64) quien lo golpea otra vez en el rostro, por lo que el pide auxilio y los transeúntes que pasaban por el lugar, lo ayudaron. Luego de interponer su denuncia, Carlos acude a la División Médico Legal, quien luego de ser evaluado por médico legista, concluye mediante Certificado Médico Legal Nª 003-2020, que el denunciante requiere ocho (8) días de incapacidad médico legal.
Es común observar este tipo de denuncias entre integrantes del grupo familiar, donde el agresor (por lo general hombre) es el que provoca una reacción de la víctima (mujer), y esta se convierte en agresora, o cuando dos mujeres, en igualdad de condición física, dentro del grupo familiar (hermanas, primas, etc.), se agreden mutuamente, causándose lesiones. Al respecto cabe hacernos la siguiente pregunta ¿Es necesaria la intervención del derecho penal en estos casos?, al respecto consideramos que no, y así lo ha interpretado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Republica en el Recurso Nulidad N.º 2030-2019/LIMA[7].
4.- El contexto de Violencia Familiar según el pronunciamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Republica en el Recurso Nulidad N.º 2030-2019/LIMA
En concreto, los hechos que la referida Sala expone, se encuentran en el considerando cuarto de su sentencia, y se refiere a una agresión física de Ccahuana Candia (imputado), contra su hijo Ccahuana Villanueva y su nuera Soto Castro (agraviados), en circunstancias que el agraviado Ccahuana Villanueva, se encontraba de espaldas, y sintió un golpe en la cabeza, siendo que al voltear, observó que fue su padre Ccahuana Candia, y su esposa Soto Castro al tratar de defenderlo, también fue agredida por su padre. Refiere que la causa de la agresión es por una deuda que le tenía su padre. Asimismo, la Sala en su considerando quinto, concluye lo siguiente: “que el conjunto de lesiones que sufrió tanto la agraviada Soto Castro como el agraviado Ccahuana Villanueva, en relación con las que sufrió el encausado Ccahuana Candia, revela que se trató de un mutuo acometimiento–la agraviada presentó heridas típicamente defensivas en manos–. Además, fue el propio encausado quien inició la agresión, y su conducta, por tanto, no fue dirigida exclusivamente a defenderse frente a una agresión injusta sino directamente a responder y, a su vez, a atacar a los dos agraviados. La pluralidad de lesiones sufridas por los tres da cuenta de que, a final de cuentas, se desencadenó una pelea entre padre e hijo con la utilización de objetos con punta y filo”
De manera que, la Sala al declarar la nulidad de la sentencia condenatoria, fundamenta en su considerando séptimo, lo siguiente: “Que, en cuanto a la tipificación del delito, es de acotar que no se trata de un delito cometido en un contexto de violencia contra integrantes del grupo familiar. Al respecto, es de tener presente la Ley 30364, de veintitrés de noviembre de dos mil quince, residencia el ámbito de violencia cuando los integrantes del grupo familiar están en situación de vulnerabilidad por razón de edad, situación física, edad o discapacidad (artículo 1)”(subrayado y resaltado nuestro)
En otras palabras, la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, considera que la conducta agresora contra un integrante del grupo familiar, para ser considerado como delito previsto en el artículo 122-B del Código Penal, es necesario que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad[8] por razón de edad, situación física, edad o discapacidad.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[9], en fecha 10 de abril del 2020, en su Resolución N° 01-2020 sobre “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, en atención a la emergencia sanitaria global a causa del COVID 19, misma que puede afectar los gravemente los derechos humanos de la población, más aún para las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. Indicando también dicha comisión, que la región tiene como característica el poseer elevados índices de violencia generalizada, en especial violencia en el ámbito familiar por razones de género, etnia y en mayor frecuencia a los grupos en situación de especial vulnerabilidad.
En la citada resolución, esta comisión desarrolla cual seria este grupo de especial situación de vulnerabilidad, de la siguiente manera:
“… Grupo en especial situación de vulnerabilidad:
- Considerar los enfoques diferenciados al momento de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad al momento de adoptar medidas de atención, (…) así como mitigar los impactos diferenciados que dichas medidas puedan generar.”
Dicho de otro modo, el bien jurídico protegido por el articulo 122-B, se debe considerar como pluri ofensivo. Siendo ello así, las agresiones contra la mujer por su condición, se protege la integridad física y la salud de la mujer, es decir, se protege la vida libre de violencia, la igualdad material y el libre desarrollo de la mujer. Mientras que, en los supuestos de agresiones contra los integrantes, que no califiquen como violencia de género, se deberán entender como violencia doméstica, en este caso se protege la integridad física, psíquica y salud, así como el derecho a una vida sin violencia, de los demás familiares.
5.-Nuestra posición.
Consideramos que la interpretación de la Sala, no se ajusta a lo que textualmente señala la norma, pues esta no indica que se protege de forma exclusiva a los integrantes del grupo familiar en situación de vulnerabilidad, solo refiere que los protege de forma especial, artículo 1ª de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, indica respecto al objeto de la norma lo siguiente: “La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física”; sin embargo consideramos que si se ajusta al espíritu de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), por lo que es necesario un cambio normativo en el citado artículo, debiendo modificarse de la siguiente manera.
Artículo 1ª de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar:
“La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física”
En esa mismo orden de ideas, debemos entender morfológicamente este delito, desde la óptica de la Ley N°30364, en el articulado 122-B que adiciona al Código Penal, esta cumple más de lo que en un inicio planteó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, entendamos este tópico como una violencia de género propiamente dicha, siendo el aditivo de la ley citada, el de proteger a otro grupo denominado “integrantes del grupo familiar”, entiéndase este tópico como la violencia doméstica. Máxime, si compartimos lo desarrollado en el acuerdo plenario N° 09-2019/CIJ-116 en su considerando 19, que hace referencia al ámbito de protección del citado artículo es “toda clase de agresiones de menor entidad o levísimas cometidas contra una mujer por su condición de tal (violencia de género) y las agresiones levísimas cometidas entre integrantes del grupo familiar (violencia doméstica)”
Finalmente, consideramos que esta pequeña modificación permitirá priorizar los casos en que el afectado por un hecho de agresión en un contexto de violencia familiar, sea una mujer o un varón, que por son condición de vulnerabilidad no pueda defenderse, siendo que los demás casos, deberán ser derivados a los Juzgado de Paz Letrado.
[1] Articulo incorporado por el articulo 2 del Decreto Legislativo Nª 1323, publicado el 06/01/2017. Posteriormente modificado por el articulo 1 de la ley Nª 3089,publicado el 13/07/2018.
[2] El 24 de setiembre del 2018, el Ministerio Público dispuso la creación de las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, primeras en su género en el país, que serán implementadas como parte del sistema especializado para este tipo de delitos, ante la alta incidencia de maltratos contra las mujeres que se registra en nuestro país.
[3] Artículo 7.- Sujetos de protección de la Ley
Son sujetos de protección de la Ley:
- Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor.
- Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; o quienes tengan hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia.
(Texto según el artículo 7 de la Ley N° 30364, modificado según el artículo 1 de la Ley N° 30862).
[4] Suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, Belém do Pará, Brasil, junio 6-10 1994
[5] Facio Montejo Alda, “Maltrato hacia la mujer en pareja “En: Violencia contra la mujer. Reflexiones desde el derecho. Lima: Movimiento Manuela Ramos, 1996, página 20.
[6] Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar
El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda
La pena será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes:
- Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.
- El hecho se comete con ensañamiento o alevosía.
- La víctima se encuentra en estado de gestación.
- La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad o si padeciera de enfermedad en estado terminal y el agente se aprovecha de dicha condición.
- Si en la agresión participan dos o más personas.
- Si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente.
- Si los actos se realizan en presencia de cualquier niña, niño o adolescente.
[7] RECURSO NULIDAD N.º 2030-2019/LIMA
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO
https://laley.pe/art/9288/puede-configurarse-violencia-familiar-sin-relacion-de-subordinacion
[8] El Decreto Supremo N.º 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en su artículo 4, define a las víctimas en situación de vulnerabilidad, como “son las personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, se encuentren con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.
Pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orientación sexual y la privación de libertad”.
[9] Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, pagina 7.
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