martes, 9 de agosto de 2016

Corte Suprema adopta teoría de los actos propios para desestimar reconocimiento de vínculo laboral de Presidenta de Directorio


Corte Suprema adopta teoría de los actos propios para desestimar reconocimiento de vínculo laboral de Presidenta de Directorio Se ha publicado la Casación Laboral N° 4862-2015-Lima, mediante la cual la Corte Suprema determinó la inexistencia de vínculo laboral entre quien se desempeñó como Presidenta de Directorio y la entidad demandada, efectuando el análisis correspondiente bajo la teoría de los actos propios. La teoría de los actos propios suele aplicarse en el marco de relaciones civiles, en situaciones en las que un sujeto adopta deliberadamente una conducta incoherente con otra conducta anterior, con la finalidad de verse favorecido en un proceso judicial; de tal forma que dicha conducta incoherente es descalificada al contravenir el ordenamiento jurídico.

Los hechos La demandante se desempeñó como Presidenta del Directorio de la entidad demandada desde noviembre de 2006 hasta setiembre de 2010, al amparo de distintos contratos de locación de servicios. Tras renunciar a dicho cargo, interpuso una demanda de reconocimiento de vínculo laboral y pago de beneficios sociales alegando haber cumplido un horario de trabajo y haber estado subordinada a la Junta General de Accionistas y al Directorio como órgano colegiado. Los argumentos de la Corte Suprema La Corte Suprema señaló que en el caso bajo análisis no correspondía aplicar el principio de primacía de la realidad, dado que en la relación jurídica existente entre la Presidenta del Directorio y la entidad demandada no se presentaron los elementos esenciales de una relación de trabajo.

Por el contrario, en virtud de la teoría de los actos propios, la Corte valoró el hecho de que la propia demandante había manifestado a través de distintos documentos, tanto ante la demandada como frente a terceros, que su prestación de servicios como Presidenta de Directorio no implicaba la existencia de una relación laboral. Así, la Corte Suprema aplicó la teoría de los actos propios en sede laboral, desestimando la demanda interpuesta.

Citado de: Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

viernes, 5 de agosto de 2016

PLAZO DE INVESTIGACION EN EL REGIMEN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL SECTOR EDUCACION


La Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, en su artículo 29º, define al procedimiento administrativo de la siguiente forma: “Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.”

Según dicha normativa, los procedimiento administrativo se clasifican en :

·         Procedimiento de Aprobación Automática
·         Procedimiento de Evaluación Previa
·         Procedimiento trilateral
·         Procedimiento sancionador (Potestad Sancionadora Disciplinaria).

Respecto al procedimiento administrativo disciplinario, el numeral 229.3 de la citada normativa deslinda claramente de la regulación reservada para el procedimiento sancionador del régimen disciplinario de las entidades sobre su personal, indicando lo siguiente: “La potestad sancionadora disciplinario sobre el personal de las entidades se rige por la normativa de la materia”.

La normativa de la materia que regula el régimen disciplinario en el sector educación es el establecido en la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial y la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, los mismo que señalan los distintos plazos de investigación.


Desde conocido los hechos por la autoridad competente
Ley N° 29944
Ley N° 30057
1 año[1]                                                                                                
                              1 año[2]
Una vez iniciado procedimiento

45 días hábiles[3]
30 días hábiles o 1 año según la     complejidad[4]
                                                                                                             













[1] Artículo 105.- Plazo de prescripción de la acción disciplinaria, Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial

[2] Artículo 94° La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres años contabilizados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces.

[3] Artículo 43. Sanciones
(…)
Las sanciones indicadas en los literales c) y d) se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, contados a partir de la instauración del proceso.

[4] Artículo 94.
(…)
La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad. Si la complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puedo trascurrir un plazo mayor de un (1) año.
(…)

miércoles, 29 de junio de 2016

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

....ADIÓS A LA LEY Nª 27815, LEY DEL CÓDIGO DE LA FUNCIÓN PUBLICA 





Mediante Resolución N° 001109-2016-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 31 de mayo de 2016, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, resuelve declarar la NULIDAD de la Resolución de la Unida de Administración n° 219-2015/MIDIS-PNADP-VA del 6 de agosto de 2015, y de la Resolución de la Unidad de Administración n°374-2015/MIDIS-PNADP-UA de 20 de noviembre de 2015, emitidas por la Jefatura de la Unidad de Administración del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Pobres JUNTOS, al haberse iniciado procedimiento administrativo disciplinario y posteriormente sancionado al ciudadano Emiliano Mancilla Buleje por infracción a los numerales 1 y 3 del artículo 6° y numeral 6 del artículo 7° de la Ley n° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, cuando la norma que prevé la sanción por dicha infracción había quedado derogada.

Dicho acto administrativo emitido por el Tribunal del Servicio Civil resuelve lo que es obvio, el legislador al derogar el capítulo del Reglamento de la Ley Nª 27815, que establece las sanciones por trasgresión a la citada Ley, deja en la imposibilidad absoluta de que la Administración Publica siga tipificando algunas conductas de los servidores con la Ley del Código de Ética.

En ese sentido, ¿Por qué SERVIR se resiste a señalar de forma definitiva mediante un pronunciamiento de carácter vinculante a las Administraciones Públicas, la no aplicación de la Ley del Código de Ética de la Función Pública?  ¿Por qué se empeña en señalar mediante una Directiva que las consecuencia jurídicas por trasgresión a la Ley Código de Ética son las señaladas en la Ley nª 30057, Ley del Servicio Civil?.

La Directiva n° 002-2015-SERVIR/GPSC, sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley n° 30057, Ley del Servicio Civil, señala

14. La sanciones
A las las faltas del CEFP y las que señala la LPAG se les aplica las sanciones establecidas en la LSC y su Reglamento, conforme al articulo 100 del Reglamento, a excepción de lo establecido  en el articulo 241 de la LPAG 

La explicación no sería otra que los funcionarios de SERVIR, no pueden explicar el error  incurrido al impulsar a través de los legisladores, la “mutilación “de gran parte del Reglamento de la Ley nª 27815, y que hace prácticamente inaplicable dicha norma jurídica para efectos del PAD. Y señalo error pues el legislador no ha previsto que gran parte de los servidores en la Administración Publica son servidores CAS (a los que solo se le puede aplicar la Ley del Código de Ética) y que muchas de las conductas imputadas como faltas devienen de exámenes de control, de hechos auditados anteriores al  14 de junio de 2014, por lo que ya no es aplicable la normativa en cuestión.

La terquedad de continuar en el error por parte de los funcionarios de SERVIR, se plasma en la reciente modificación a la directiva antes mencionada, que vuelve a indicar que las faltas por trasgresión a la Ley del Código de Ética se aplicaran las sanciones señaladas en la Ley del Servicio Civil.

"5.- Incorporase el siguiente párrafo a la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva cuyo texto se detalla a continuación:       

Primera.-  Aplicación a otras formas de contratación
      
(...)
Asimismo el procedimiento y sanciones establecidos en la LSC, el Reglamento y las Disposiciones de la presente Directiva son de aplicación por infracción al CEFP...."

Como puede observarse, esta regla establecida por SERVIR, vulnera de forma escandalosa el principio de legalidad, pues solo por una norma con rango de ley se pueden establecer las consecuencias jurídicas por infracción a la Ley del Código de Ética de la Función Pública, y no con una directiva, por lo que la Ley Nª 27815, Ley del Código de la función Pública, en virtud a este principio ya no es aplicable a partir del 14 de junio de 2014 (El capítulo de sanciones del Reglamento, por infracción a la citada Ley fue derogado por el Reglamento de la Ley del Servicio Civil publicado en el Diario Oficial el Peruano el 13 de junio de 2014

"El principio de legalidad ha sido incorporado por el legislador, al establecer solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a titulo de sanción son posibles de aplicar a los administrados, las que en ningún caso  habilitara a disponer la privación de la libertad (articulo 230.1 de la Ley nª 27444)" 
En consecuencia, los operadores jurídicos dentro de la Administración Publica, encargados de asesorar en el PAD contra servidores públicos, deben entender que, antes de seguir los lineamientos establecidos por el órgano rector del Sistema de Recursos Humanos al pie de la letra, deben acudir a los principios generales del Derecho, como el de legalidad, ello a fin de no incurrir en nulidad de actos administrativas emitidos por los funcionarios que asesoran, con la consiguiente responsabilidad que ello generaría, pues como veremos más adelante, seguirán emitiéndose pronunciamientos ( Resoluciones del Tribunal del Servicio Civil) anulando los actos administrativos de sanción emitidos por las entidades que tipifique faltas por trasgresión a la Ley del Código de Ética, pero sin hacer un análisis sobre principios tan elementales como el de legalidad, retroactividad, ultractividad, que permitirían, de alguna manera,  sincerar el procedimiento y dar por sentado que a partir del 14 de junio de 2014, las entidades de la Administración Publica no podrán señalar que un servidor ha cometido falta establecida en la Ley Nª 27815, por no existir norma con rango de Ley que prevea las consecuencia jurídicas por la conducta incurrida.



domingo, 24 de abril de 2016

CASO GREGORIO SANTOS




Desde las aulas universitarias en la Facultad de Derecho,  se nos inculca que la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.
Ahora como abogado en ejercicio, soy más consciente de la importancia de dicha norma fundamental,  pues   constituyen la base del resto del ordenamiento jurídico, por eso me causa extrañeza el pronunciamiento dado por la Sala Suprema en la Casación N° 309-2015, sobre recurso de Casación interpuesto por la defensa de Gregorio Santos Guerrero por la Decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que resuelve declarar fundado en parte el requerimiento del representante del Ministerio Publico, prorrogando la investigación preparatoria por once (11) meses. En tal sentido, hare una pequeña reseña que explicara el motivo del presente artículo.



La citada Sala resuelve declarar infundado el pedido de casación de conformidad con el artículo 427 del NCPP, como doctrina jurisprudencial el décimo segundo, vigésimo, y vigésimo tercer considerando, del rubro II, fundamentos de derecho.  Solo voto a favor de declarar fundado la casación el Juez Supremo Pariona Pastrana.


El motivo de la casación admitida es establecer como doctrina jurisprudencial cual es a aplicación del artículo VII del Título Preliminar  del Código Procesal Penal respecto a los plazos de la investigación preparatoria en caso complejos formalizados con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 30777, ello a raíz del pedido de la defensa de Gregorio Santos de que el pedido de prórroga del representante del Ministerio Publico debió y su posterior otorgamiento debió adecuarse a la normativa vigente al momento de la postulación, pues el presentado caso ya se había iniciado el 13 de mayo de 2014 (se formalizo la investigación preparatoria), dado que en dicha fecha se encontraba vigente el texto original del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957, que establecía en el inciso 2 del artículo 342 que “tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria”

El 1 de julio de 2014 entro en vigencia la Ley N° 30777 que establece: “Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de 8 meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de 36 meses. La prórroga por igual plazo debe concederla debe de concederla el Juez de la Investigación Preparatoria”; es en virtud a dicho modificación normativa que el Ministerio Publico con fecha 30 de diciembre de 2014 requiere la prórroga del plazo de la investigación preparatoria por 14 meses, la misma que se le concede en parte el 19 de enero de 2015, sobre la base que la Ley Procesal se aplica inmediatamente. Al respecto los recurrentes señalan que esta decisión es contrario al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal que señala: “La Ley Procesal Penal es de aplicación inmediata (…) sin embargo, continuaran rigiéndose por la Ley anterior (…) los plazos que hubieren empezado.

Hasta aquí lo reseñado se advierte que esta todo claro, que si se inició el procedimiento penal Decreto Legislativo N° 957, se debe continuar con dicha norma lo que implica los plazos de duración de la investigación preparatoria; sin embargo la Sala Penal Suprema hace una interpretación antojadiza de la Ley (la justicia para mis amigos, la ley para mis enemigos) señalando una serie de argumentos para denegar la casación:

  • La prórroga requiere de una disposición fiscal, es decir es un acto procesal. En ese sentido, la disposición fiscal con la que se inicia el plazo de investigación constituye un acto procesal, y el requerimiento de prórroga del plazo de investigación, otro; pues, no es de aplicación automática, ni de oficio, sino que necesita ser postulado por el Fiscal al Juez de la Investigación Preparatoria que debe someterlo a audiencia con la defensa del imputado, en consecuencia son actos procesales con criterios autónomos propios desplegados por las partes y el órgano jurisdiccional.
  • La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en la Casación N° 2-2-2008 – La Libertad, sexto fundamento sobre el Plazo de las diligencias preliminares, sosteniendo que forma parte de la investigación preparatoria, pero tiene un plazo distinto, debido a las finalidades que persiguen.
  • Entonces queda establecido que la disposición fiscal que establece el plazo ordinario de la investigación, y el requerimiento de su prorroga, constituyen actos procesales distintos.
  • El fundamento 77 y 79 de la Sentencia del 30 de enero de 2014, caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene: (…) respecto de la aplicación que regulan el procedimiento, la Corte nota que existe en la región una tendencia a su aplicación inmediata (principio de tempus regit[1]). Es decir que,  la norma procesal se aplica al momento de entrada en vigencia de la misma, siendo la excepción, en algunos países, la aplicación de favorabilidad de la norma procesal más beneficiosa para el procesado. (…). Por otro lado, la aplicación inmediata de normas que regulan el procedimiento no es contraria a los principios de legalidad e irretroactividad.
  •  El problema de a aplicación de las leyes procesales en el tiempo se presenta en los procesos en curso que se instauraron con una ley y entra en vigor una nueva. El criterio rector que asume el inciso 1 del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal, en materia de derecho transitorio, es la aplicación inmediata de la nueva ley al proceso en trámite. En consecuencia, las actuación procesales sucesivas o futuras, luego de entrar en vigor las nueva ley procesal, se rige por esta última, pues está prohibida la aplicación retroactiva de las normas no solo por estar prohibida constitucionalmente, sino porque debido a la naturaleza del proceso como sucesión de actos, se debe aplicar la norma vigente al momento que estos se producen.
  • Concluye señalando que la invocación del inciso 2 del artículo 342 del Código Procesal Penal, conforme a las modificaciones incorporadas por la Ley N° 30777, vigente desde el 1 de julio de 2014, en un procesos en trámite, tiene sustento en el principio previsto en el inciso 1 del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece la aplicación inmediata de la ley que rige al tiempo de la actuación procesal. La interpretación de este principio permite concluir que el plazo ordinario de ocho (8) meses primigeniamente establecido para la investigación preparatoria no puede ser adecuado a la citada modificatoria pues es un plazo empezado o en giro; pero si con la prórroga del plazo de investigación preparatoria, que es una institución autónoma, con su propio estatuto y que constituye un nuevo acto procesal, por lo que no se da ningún supuesto de excepción a la aplicación inmediata de la ley procesal prevista en la segunda parte del inciso 1 del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal, por cuando se solicita tal prorroga, ya estaba vigente la Ley N° 30777, del 1 de julio de 2014, por lo que debe ser aplicada.


Se sabe que la Investigación Preparatoria  persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. Asimismo que su formalización genera una serie de efectos como el suspender los plazos de prescripción y provocara que el Fiscal pierda  la facultad de archivar la investigación sin intervención fiscal.

La interpretación efectuada por la Sala Penal Suprema hace un distingo entre actos procesales señalando que el pedido de ampliación de plazo constituye un nuevo acto procesal, y que , teniendo en cuenta la Ley N° 30777 entró en vigencia durante el pedido de prorroga le corresponde su aplicación, a pesar de ser menos favorable al procesado. Nótese que la Sala al llevar la discusión a un plano procesal respecto  a lo que constituye o no un acto procesal,  dejando de lado la discusión sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la aplicación de la norma más favorable al procesado.

La Sala para rechazar la Casación se centra solo en el primer párrafo del artículo VII del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 957, que señala que “La Ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite, y es la que  rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la Ley anterior, los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado”, llevando a la discusión acerca de lo que se entiende por actuación procesal (actos procesales) para justificar la aplicación de la norma menos favorable al procesado; sin tener en cuenta que dicho artículo también señala en su segundo y tercer párrafo:

La Ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible.

La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos




Los abogados que trabajábamos en la administración pública o la administración de justicia, buscamos muchas veces doctrina que nos sirven de sustento a nuestras decisiones, por lo general para favorecer al administrado o justiciable, simplemente por buscar la justicia dentro de la “fría” ley , la justicia; sin embargo, estos es la excepción, pues muchas veces no es así, y se da por motivos nada altruistas ( la justicia para los amigos, la ley para mis enemigos), lo que al parecer se presenta en el presente caso, donde se cita una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del CASO LIAKAT ALI ALIBUX VS. SURINAME, para sustentar la aplicación inmediata de la norma procesal que no favorece al procesado; absurdo por cierto, pues recurrir a la doctrina para desconocer lo que señala expresamente la constitución y el código procesal penal.

“67. Respecto de la aplicación de normas que regulan el procedimiento, la Corte nota que existe en la región una tendencia a su aplicación inmediata (principio de tempus regit actum). Es decir que, la norma procesal se aplica al momento de entrada en vigencia de la misma, siendo la excepción, en algunos países, la aplicación del principio de favorabilidad de la norma procesal más beneficiosa para el procesado.
69. Esta Corte considera que la aplicación de normas que regulan el procedimiento de manera inmediata, no vulnera el artículo 9 convencional, debido a que se toma como referencia el momento en el que tiene lugar el acto procesal y no aquél de la comisión del ilícito penal, a diferencia de las normas que establecen delitos y penas (sustantivas), en donde el patrón de aplicación es justamente, el momento de la comisión del delito. Es decir, los actos que conforman el procedimiento se agotan de acuerdo a la etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula.

En virtud de ello, y al ser el proceso una secuencia jurídica en constante movimiento, la aplicación de una norma que regula el procedimiento con posterioridad a la comisión de un supuesto hecho delictivo no contraviene per se, el principio de legalidad”

Es cuestionable que el caso de Gregorio Santos haya salido a la luz en pleno conflicto del CONGA, y la Contraloría (¿existe?) haya empleado todo su poder para encontrar (bueno hasta ahora no sabemos en qué se basa el pedido del fiscal para seguir ampliando la investigación) algún indicio que lleve a sospechar que lo vincule en las Licitaciones mal llevadas en Cajamarca, lo que es difícil de probar, pues es permitido que los Presidentes Regionales delegen los temas que tengan que ver con Contrataciones con el Estado al Gerente General y este a su vez a los miembros del Comité encargados de llevar el proceso.

No soy partidario de Gregorio Santos ni siquiera vote por él, ni me causa simpatía su candidatura por estar en un partido lleno de personas de dudosa formación moral (ya saben a quién me refiero, Huacho los conoce), pero siento que los colegios de abogados no están haciendo ningún cuestionamiento a los constantes fallos de emite los diferentes tribunales y salas encargados de administrar ¿justicia?, contrarios a la constitución, pervirtiendo la justicia con un aire de legalidad, favoreciendo a algunos, perjudicando a otros, lo cual no debe ser permitido por nadie y menos por los estudiantes de derecho y abogados de este país.

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.  Paul Auster (1947-?) Novelista y poeta estadounidense.






[1] En ese sentido, y de manera genérica, en Estados Unidos como México, Brasil, Costa Rica, Perú, se aplica por regla general, las normas que regulan el procedimiento de manera inmediata.

sábado, 12 de diciembre de 2015

La inconstitucionalidad del articulo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2016, Ley N° 30372





Hace poco se aprobó la Ley de Presupuesto del año 2016, Ley 30372, la misma que contempla en su articulo 6ª el mismo texto de Ley de Presupuesto del año 2013, 2014 y 2015, texto que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional por vulnerar el DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

En el año 2013, mediante Expediente N°003-2013-PU/TC, 004-2013PI/FC y 023-2013-PU/TC el TC resolvió declarar INCONSTITUCIONAL la prohibición de la negociación colectiva para incrementos salarial, en consecuencia fundadas en parte, por el fondo, las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra el artículo 6 de la Ley N° 29951, de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2013; por lo tanto se declara:

      a)     Inconstitucionales las expresiones “(…) beneficios de toda índole(…) y (…) mecanismos (…)” en la medida en que no se puede prohibir de o absoluto el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva a Administración Publica que implique acuerdos relativos a los incrementos remunerativos; y b) Inconstitucional por conexión, y por reflejar una situación de hecho constitucional, la prohibición de negociación colectiva para incrementos salariales contenida en los artículos 6° de la Ley N° 30114, de Prepuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2014, y 6° de la Ley N° 30182Ley de Presupuesto del año 2015.


Veamos que señala el articulo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2016:

Art. 6.- “Prohíbase en las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas.

Adjunto el link de la pagina del MEF donde podran comprar el texto de las Leyes de Presupuesto del Sector Publico del año 2013, 2014 y 2015: 

https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&Itemid=101158&lang=es

Es claramente el mismo texto de las Leyes de Presupuesto del año 2013, 2014 y 2015, entonces que paso en el Congreso de la República? no se dieron por enterado que dicho texto vulnera el derecho a la NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y QUE POR ESA RAZÓN FUE DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR EL TC, ES UNA LEGULEYADA? SOBRE QUE VAN A NEGOCIAR LOS TRABAJADORES SI ES IMPOSIBLE CON ESE ARTICULADO NEGOCIAR CUALQUIER BENEFICIO ECONÓMICO?.

Esperemos que el Proyecto de Ley presentado por la congresista Marisol Espinoza Cruz, el mismo que dispone se derogue dicho articulo por ser inconstitucional, sea aprobado, de lo contrario se tendrá que utilizar los mecanismo legales para su declaratoria de inconstitucionalidad por el TC.





domingo, 19 de julio de 2015

Diez razones para que el precedente Huatuco se deje sin efecto






El 1 de junio de este año, la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional emitió un precedente vinculante mediante el cual se estableció que la reposición del trabajador público sujeto al régimen laboral privado se proscribe cuando se desnaturalicen sus contratos laborales modales o contratos civiles y se exige un requisito imposible de cumplir por ellos: el concurso público. 

Lamentablemente, la sentencia constituye un retroceso y un gran error por parte del Tribunal Constitucional. Consideramos que dicho precedente es contrario a la Constitución, tiene una motivación deficiente, e incumple las reglas básicas por las siguientes razones: 

1.- El precedente vinculante Huatuco Huatuco es contrario al parámetro de constitucionalidad(Constitución, jurisprudencia constitucional, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador) relativo al derecho al trabajo y a la reposición laboral (pública o privada), que establecen: a) El contenido del derecho al trabajo supone que el trabajador sólo puede ser despedido por causa justa b) En caso de despido sin causa, nulo o fraudulento, el trabajador, a su elección, puede elegir la reposición o la indemnización c) Dichas pautas constitucionales se aplican indistintamente a trabajadores públicos o privados d) Este estándar mínimo reconocido por el Estado a favor de los trabajadores no debe ser disminuido (principio de no regresividad).

2.- El precedente pretende que la Jurisprudencia Constitucional, en esta materia, se adecúe a la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, por tanto no hace una interpretación de la ley conforme a la Constitución sino de la Constitución conforme a la Ley. Así se desprende del Fundamento de Voto del Presidente del TC, Magistrado Oscar Urviola, cuando afirma: “dado que el estado actual de la jurisprudencia se opone a lo dispuesto en dicha ley que, entre otras cosas, busca imponer de manera gradual un régimen laboral único en el Estado, para lo cual cierra el ingreso de personal bajo el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N.° 728, se hace imprescindible un viraje en la misma.”

3.- Podemos pensar que la verdadera motivación de la expedición del precedente es imponer la implementación de la Ley del Servicio Civil, asumiendo tareas que le corresponde al gobierno y no al TC.

4.- La mayoría de los Magistrados del TC se basan en una premisa falsa para expedir el precedente, porque, al momento de su expedición, no existía divergencia interpretativa sobre la reposición en el ámbito laboral público, tanto en el TC como en el PJ. Lo único que existía era un voto singular del ex Magistrado Ernesto Álvarez Miranda, que tiene las ideas que han sido desarrolladas en el precedente.

5.- El precedente crea una condición imposible de cumplir para los trabajadores públicos sujetos al régimen laboral privado que demandan por desnaturalización del contrato de trabajo modal o civil, porque es obvio que no han ingresado por concurso público.

6.- La aplicación inmediata del precedente a los procesos de amparo en trámite no es aplicableporque no se han alcanzado los cinco votos conforme a la normativa y práctica que ha servido para emitir todos los precedentes del TC desde el año 2006, ya que el Magistrado Ramos Nuñez ha expresado en su fundamento de voto (que materialmente es un voto singular en ese extremo) su disconformidad con la aplicación inmediata del precedente a los procesos de amparo en trámite. De su firmeza y consecuencia en sostener lo expresado en el voto depende el futuro de cientos de demandantes.

7.- El precedente es inválido porque no sigue las reglas básicas para emisión del precedente, esto es, que las reglas del precedente, sean consecuencia de los hechos del caso resuelto. En la controversia, la demanda fue desestimada porque no se había desnaturalizado el contrato de trabajo modal de la demandante, por ello, es ilógico que se creen reglas de otro supuesto (que se desnaturalice el contrato de trabajo modal).

8.- Los Magistrados que emitieron el precedente incumplieron los principios de actuación del Tribunal Constitucional: Supremacía de la Constitución, carácter jurisdiccional de su actuación, protección de los derechos fundamentales, aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, respeto del debido proceso.

9.- El precedente debe ser dejado sin efecto por el propio Pleno, pues, con dicha sentencia están obligando a los jueces del Poder Judicial a inaplicar o apartarse de tal precedente y no seguirlo por las razones que hemos expuesto y por los fundamentos del voto singular del Magistrado Ernesto Blume Fortini, con la consiguiente merma en la autoridad del Tribunal Constitucional en materia de interpretación constitucional, que se origina con la expedición del precedente.

10.- Ha habido casos anteriores en que el TC ha modificado o atenuado los efectos de sus sentencias cuando se afectan derechos o comprueban que hubo un grave error, como es el presente caso. Los Magistrados Constitucionales también se equivocan, por ello están a tiempo de rectificarse. 

Excelente artículo del Dr. Morales Saravia

domingo, 31 de mayo de 2015